Marruecos ha desarrollado una estrategia habitacional integral que combina tres ejes fundamentales: la construcción de vivienda social subsidiada, esquemas de incentivos fiscales y financieros dirigidos a desarrolladores privados, y programas de regeneración urbana en zonas deterioradas o con asentamientos irregulares. Este modelo, impulsado desde el gobierno como respuesta a la creciente demanda habitacional y al déficit acumulado en las ciudades, ha posicionado al país africano como un referente en políticas de vivienda de corte mixto dentro del contexto internacional.
El componente de regeneración urbana resulta particularmente relevante, ya que no se limita a construir nuevas unidades, sino que interviene en tejidos urbanos existentes para mejorar condiciones de habitabilidad, infraestructura y acceso a servicios. La participación del sector privado se incentiva mediante beneficios tributarios y facilidades de gestión, lo que reduce la dependencia exclusiva del presupuesto público y acelera la producción de vivienda asequible. Esta articulación entre actores públicos y privados es considerada clave para escalar soluciones en contextos donde la demanda supera con creces la capacidad estatal.
Para el mercado inmobiliario mexicano, la experiencia marroquí ofrece lecciones concretas. México cuenta con instrumentos normativos que podrían potenciarse bajo este enfoque, como la Ley de Vivienda, los programas del Infonavit y Fovissste, así como los Perímetros de Contención Urbana (PCU) definidos por la Sedatu, que incentivan el desarrollo habitacional en suelo intraurbano. Sin embargo, la integración efectiva entre regeneración urbana, subsidios y participación privada sigue siendo un desafío pendiente en la mayoría de las entidades federativas del país. 
Los profesionales inmobiliarios en México tienen una oportunidad concreta de impulsar este tipo de modelos mixtos en sus respectivas regiones. Conocer los mecanismos de financiamiento disponibles a través de la banca de desarrollo, explorar alianzas con gobiernos locales para proyectos de mejoramiento urbano, y participar activamente en la formulación de políticas de suelo y vivienda son acciones que contribuyen a cerrar el déficit habitacional estimado en más de nueve millones de viviendas en el país. La experiencia internacional demuestra que cuando el sector privado y el público alinean incentivos, los resultados en materia de acceso habitacional son significativamente superiores a los que cada actor puede lograr por separado.
Con información de Centro Urbano. Consulta la nota original aquí.